Alex Saab, señalado por EU, se declara culpable por caso ligado a los CLAP

Señalado por autoridades estadunidenses como operador financiero y testaferro de Nicolás Maduro, el empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable el martes 15 de septiembre ante un tribunal federal de Miami. La acusación corresponde a un cargo de lavado de dinero relacionado con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El programa venezolano de alimentos subsidiados tuvo entre sus proveedores mexicanos a La Cosmopolitana y Productos Serel, empresas pertenecientes a Corporativo Kosmos, conglomerado encabezado por la familia Landsmanas y uno de los principales contratistas de alimentos del sector público en México.

Como parte del acuerdo con la Fiscalía estadunidense, Saab aceptó colaborar con las investigaciones y entregar 195 millones de dólares considerados producto de actividades ilícitas. El delito por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2015 y 2019 Saab intervino en un esquema de sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos destinados a la importación de alimentos para los CLAP.

La acusación sostiene que los participantes utilizaron empresas fantasma, documentos de embarque falsificados y cuentas bancarias estadunidenses para desviar cientos de millones de dólares. La red también habría realizado operaciones con petróleo de la estatal PDVSA cuando las sanciones de Washington dificultaron los pagos a los proveedores del programa alimentario.

La ruta mexicana

La participación de empresas mexicanas en el abastecimiento de los CLAP fue documentada desde 2018 mediante registros aduaneros, facturas y análisis de los productos distribuidos en Venezuela.

La Cosmopolitana y Productos Serel enviaron conjuntamente alrededor de 150 toneladas de alimentos durante el primer semestre de ese año, según investigaciones periodísticas basadas en información comercial y aduanera. Entre las mercancías identificadas se encontraban leche en polvo, lentejas, frijoles y azúcar de la marca Kosland, perteneciente a Serel.

Una de las operaciones pasó por Wellsford Trading Corp., sociedad registrada en Panamá que adquirió productos de Serel y los incorporó a cajas destinadas al gobierno venezolano.

Wellsford facturó a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, organismo adscrito al Ministerio de Alimentación de Venezuela, 73 mil 710 cajas con 11 productos, entre ellos leche Kosland. El importe registrado fue de aproximadamente 2.57 millones de dólares.

La calidad de los alimentos también fue motivo de cuestionamientos. Armando.info encargó al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela el análisis de diversas marcas incluidas en las despensas.

La muestra de leche Kosland contenía 600 miligramos de sodio por cada 100 gramos, frente a los 370 declarados en el empaque. El estudio también reportó diferencias en su composición nutricional.

La investigación en México

El 19 de junio de 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia DEN-UIF-40-2018 contra 14 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con la red de proveedores de los CLAP.

Entre los sujetos mencionados figuraron Group Grand Limited, sociedad vinculada por autoridades estadunidenses con Saab y el empresario colombiano Álvaro Pulido, así como Productos Serel.

La investigación mexicana comprendió posibles operaciones inusuales, sobreprecios y deficiencias en los productos exportados a Venezuela. De ese expediente se desprendieron cuatro acuerdos reparatorios celebrados por la entonces Procuraduría General de la República entre octubre y noviembre de 2018, de acuerdo con información publicada por Excélsior y Armando.info.

Uno de los convenios fue firmado el 16 de octubre de ese año con representantes de Corporativo Kosmos, debido a que productos de Serel y La Cosmopolitana habían sido incluidos en las despensas venezolanas. El acuerdo estableció el pago de 120 mil dólares para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, cuestionó posteriormente la legalidad de esos convenios. Entre otros señalamientos, sostuvo que los recursos debieron ingresar a la Tesorería de la Federación y puso en duda el alcance de los acuerdos para cerrar las investigaciones.

Corporativo Kosmos ha rechazado mantener vínculos con Saab. En una carta aclaratoria fechada el 12 de junio de 2026 sostuvo que sus empresas, accionistas y directivos no han tenido una relación comercial, societaria, financiera ni de otra naturaleza con el empresario colombiano.

El conglomerado afirmó que en 2020 contrató a la firma internacional Kroll para revisar sus relaciones comerciales y las operaciones vinculadas con los CLAP. Según Kosmos, la revisión no encontró indicios de conductas ilegales atribuibles al grupo, sus accionistas o sus directivos.

Contratos y relaciones de poder

Corporativo Kosmos fue denominado el “Cártel de la Comida” en una investigación de Quinto Elemento Lab. El trabajo documentó que las empresas del grupo recibieron 704 contratos gubernamentales por al menos 29 mil 76 millones de pesos entre 2002 y 2019. Una tercera parte fue adjudicada sin licitación.

La investigación también recopiló quejas y sanciones relacionadas con la calidad de los alimentos entregados en hospitales, centros penitenciarios y otras instituciones públicas.

El crecimiento del corporativo como proveedor gubernamental ha estado acompañado de cuestionamientos sobre sus vínculos con funcionarios y su intervención en procesos de contratación.

En 2011, Televisa difundió correos encontrados en una computadora y otros dispositivos de César Mora, entonces coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En uno de los mensajes atribuidos a Jorge Landsmanas se indicaba qué párrafos debían eliminarse y cuáles incorporarse a un documento relacionado con una licitación. La televisora presentó el intercambio como un intento de adecuar las bases del procedimiento para favorecer a una empresa del grupo.

Mora negó haber cometido irregularidades. Aseguró que los proveedores podían formular observaciones durante la etapa de prebases, sostuvo que no respondió el correo y afirmó que la Secretaría de la Función Pública no había encontrado elementos para sancionarlo.

Otro episodio fue documentado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en una investigación sobre el círculo de poder de Luis y Julio César Serna durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México.

Con base en documentos de investigaciones federales, la organización reportó que Luis Serna, secretario particular y uno de los principales colaboradores de Mancera, habría gastado 23 millones de pesos mediante una tarjeta American Express propiedad de Jack Landsmanas.

Serna reconoció haber utilizado el plástico, pero aseguró que se trató de un préstamo formalizado ante notario, que el monto era menor al reportado y que había liquidado la deuda.

Durante la administración de Mancera, las empresas de Kosmos recibieron contratos del gobierno capitalino por aproximadamente mil 749 millones de pesos. Entre 2016 y 2017, el monto anual pasó de 14 millones a mil 504 millones de pesos, según la misma investigación.

El enlace con Pablo Escudero

En el entorno actual del conglomerado aparece Pablo Escudero Morales, exsenador del Partido Verde Ecologista de México y expresidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Fuentes consultadas para este trabajo señalaron que Escudero presta servicios de asesoría a empresas de la familia Landsmanas, entre ellas La Cosmopolitana.

El rancho de Reserva Salazar

Escudero fue cuestionado públicamente en 2018 por la construcción de Reserva Salazar, un rancho de lujo en una zona boscosa de Lerma, Estado de México.

El exsenador adquirió en diciembre de 2016 una hectárea por 8 millones de pesos. En el terreno fueron construidas una residencia con muros de piedra, caballerizas con calefacción, una pista privada para salto ecuestre y un camino empedrado que conectó el predio con la carretera hacia Huixquilucan.

Investigaciones periodísticas señalaron que las obras implicaron la remoción de vegetación para abrir espacio a las instalaciones hípicas. También estimaron que una propiedad con esas características podía alcanzar un valor cercano a 280 millones de pesos. Esa cifra fue presentada como una estimación inmobiliaria y no como el valor fiscal o escriturado del predio.

Nueve años después de la adquisición, el 29 de septiembre de 2025, Escudero constituyó Reserva Salazar Club Ecuestre. El acta mercantil señala como actividad principal la compraventa, urbanización, construcción, arrendamiento y comercialización de bienes inmuebles, además del desarrollo de obras residenciales, comerciales y turísticas.

El documento también faculta a la compañía para gestionar permisos y licencias gubernamentales y participar en concursos y licitaciones públicas o privadas.

Escudero no ocupa actualmente un cargo público. Sin embargo, fuentes políticas consultadas aseguraron que busca regresar en 2027 a la Cámara de Diputados bajo las siglas del Partido Verde.