Crisis de Protección Patrimonial llega a tribunales mientras CNBV investiga

Protección Patrimonial Unión de Crédito, S.A. de C.V. enfrenta una crisis financiera que ya derivó en acciones judiciales, investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y reclamos de cerca de 250 acreedores. El deterioro de sus indicadores y los señalamientos contra antiguos y actuales integrantes de su estructura directiva mantienen bajo presión a la institución.

El problema se agudizó entre marzo y junio. En ese periodo, la morosidad pasó de 6.7 a 25.6%, mientras que el índice de capitalización (ICAP) disminuyó de 10.52 a 1.45%. Este último indicador quedó por debajo del mínimo regulatorio de 8%, en un escenario que refleja el deterioro de la posición financiera de la unión de crédito.

Los señalamientos por el origen de la crisis se concentran en Carlos José Vélez Palomar, quien se desempeñó como director general y consejero de Protección Patrimonial. De acuerdo con las acusaciones, el exdirectivo habría autorizado préstamos de manera presuntamente fraudulenta para obtener beneficios personales, lo que habría contribuido al colapso de la institución y afectado a inversionistas que confiaron sus recursos en ella.

El caso adquirió otra dimensión tras el fallecimiento de Vélez Palomar, ocurrido después de que surgieran los señalamientos sobre las operaciones de la institución. Las circunstancias de su muerte no han quedado del todo claras. A partir de la crisis, también surgieron cuestionamientos hacia personas cercanas al exdirectivo y hacia integrantes del gobierno corporativo de Protección Patrimonial.

Entre los nombres señalados aparece Carlos Vélez Suberbie, hijo de Vélez Palomar y consejero de la institución. Su participación dentro del gobierno corporativo ha colocado bajo escrutinio su posible conocimiento sobre las operaciones que ahora son objeto de revisión. La viuda del exdirector, Lourdes Suberbie, y su hijo también podrían ser llamados ante las autoridades judiciales.

Los afectados ya acudieron a instancias legales para reclamar por las pérdidas. Las acciones incluyen denuncias ante la Fiscalía y recursos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), presidida por Óscar Rosado Jiménez. Los acreedores buscan esclarecer el destino de los recursos y establecer las responsabilidades que correspondan.

Las exigencias también se dirigen contra el Consejo de Administración de Protección Patrimonial, encabezado por Francisco Javier García-Sabaté Palazuelos. Los afectados plantean su remoción, junto con la del comisario Manuel Constantino Gutiérrez García. Ambos aparecen en actas del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía como socios de Vélez Palomar en Propatuc, una SOFOM constituida en 2009.

Mientras los reclamos avanzan por la vía judicial, la CNBV mantiene su intervención en el caso. El organismo realizó visitas de investigación que derivaron en medidas correctivas para la institución y se prevé su presencia en las próximas asambleas de socios, donde se dará seguimiento al proceso para remover a integrantes del Consejo de Administración.

Hasta ahora, no existe una determinación pública definitiva que establezca responsabilidad penal contra Francisco Javier García-Sabaté Palazuelos, Manuel Constantino Gutiérrez García u otros consejeros. Los procedimientos ante las autoridades judiciales y las fiscalías serán los que determinen si existen responsabilidades por el quebranto patrimonial que denuncian los acreedores de Protección Patrimonial.