Más de 100 autobuses asociados a negocios de Abraham Matuk siguen varados por disputa financiera

La participación accionaria que José Ramón Abraham Matuk mantiene tanto en Grupo Loialt como en Sunwin de México aparece en el centro de una disputa financiera por un adeudo estimado en 300 millones de pesos, situación que mantiene retenidas más de 100 unidades de transporte público en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Respaldada por una línea de crédito de la financiera Cetelem, institución que actualmente opera como Autoexpress Inbursa y mantiene una alianza con MG Financial Services en México, la adquisición del parque vehicular se realizó mediante esquemas de financiamiento. Sin embargo, los problemas económicos surgidos entre las empresas involucradas impidieron que las unidades fueran liberadas y distribuidas.

Entre los efectos de la prolongada permanencia de los autobuses en puerto se encuentran pérdidas materiales directas. Fuentes del sector automotriz señalaron que aproximadamente 50 unidades resultaron afectadas por inundaciones registradas en las zonas donde permanecen almacenadas.

Sin cobertura de seguro para responder por los daños sufridos, esos vehículos continúan sin posibilidad de ser entregados a compradores potenciales. A la par, otras 60 unidades siguen varadas mientras se concreta la liquidación del adeudo correspondiente.

Meses antes, en mayo de 2024, Grupo Loialt participó como distribuidora de MG Motor en México dentro de la licitación RTP/LPI/001/2024 de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México, proceso destinado a la provisión de autobuses eléctricos e infraestructura de recarga.

Aunque presentó una oferta económica de 79.2 millones de pesos, la propuesta fue desechada por las autoridades debido a incumplimientos en la documentación técnica requerida. Como resultado, el contrato fue adjudicado a Yutong de México por cerca de 474.2 millones de pesos.

Mientras se desarrollan estos conflictos comerciales, el nombre de José Ramón Abraham Matuk también figura en diversas investigaciones periodísticas relacionadas con contratos de blindaje y arrendamiento automotriz celebrados durante los periodos en que Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino desempeñaron funciones dentro de la administración pública federal.

Dentro de ese contexto, el empresario promovió el pasado 4 de marzo de 2026 un amparo indirecto en materia penal para solicitar protección frente a posibles actos de autoridad vinculados con búsqueda, localización, comparecencia, presentación, detención o aprehensión. No obstante, un juzgado federal desechó el recurso un día después al considerar que existía una causa manifiesta e indudable de improcedencia.