Versiones señalan presiones en proceso de licitación para arrendamiento vehicular del Gobierno federal

Versiones surgidas al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) apuntan a presuntas presiones alrededor de la licitación pública nacional electrónica LA-06-400-006400001-N-11-2026, mediante la cual el Gobierno federal busca contratar de manera consolidada el servicio de arrendamiento vehicular para más de 90 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Según las mismas versiones, el equipo de la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, enfrentaría un intenso cabildeo antes de que se emita el fallo del procedimiento, programado para el 31 de julio.

Las fuentes consultadas sostienen que dichas acciones serían impulsadas por el ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas (TUAF) de la SHCP, Jorge Trejo Bermúdez, quien presuntamente contaría con el respaldo de funcionarios que permanecen en la dependencia desde la gestión de la oficial mayor Thalía Lagunas, con el propósito de que el procedimiento fuera declarado desierto.

Asimismo, indican que empresas participantes, entre ellas Casanova Vallejo e Impulsa tu Ganancia de la mano de Arrendo Serv, habrían conseguido retrasar el inicio de la revisión de las propuestas económicas, así como la publicación del acta de evaluación.

La licitación representa uno de los procesos de contratación de mayor relevancia para el Gobierno federal este año, debido a que considera el arrendamiento de entre 10 mil 422 y 18 mil 217 vehículos, distribuidos en 30 partidas, para abastecer a más de 90 dependencias y entidades federales durante un plazo de 48 meses, con recursos correspondientes a los ejercicios fiscales 2026-2030.

El contrato contempla beneficiar, entre otras instituciones, a Petróleos Mexicanos (Pemex), IMSS-Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Banco del Bienestar, la Comisión Nacional del Agua y diversas dependencias de la Administración Pública Federal.

En opinión de las fuentes consultadas, una eventual declaratoria de desierto implicaría reiniciar el procedimiento de contratación, situación que retrasaría la disponibilidad de la flotilla vehicular y podría impactar la operación de programas prioritarios, así como las actividades de dependencias que requieren estas unidades para prestar servicios públicos y realizar trabajo de campo.

Funcionarios consultados agregaron que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, mantiene seguimiento permanente al desarrollo del procedimiento.