Denuncian presunto fraude en Congesa y posible administración irregular de bienes

La operación de Corredor Nueva Generación (Congesa), empresa concesionaria de transporte público encargada del Corredor Circuito Interior en la Ciudad de México, enfrenta denuncias por un presunto fraude que habría afectado durante años a casi un centenar de accionistas, principalmente adultos mayores que invirtieron sus ahorros y patrimonio en la compañía.

Los socios inconformes responsabilizan a José García Lagunas, quien se presenta como presidente del Consejo de Administración, de decisiones que presuntamente ocasionaron pérdidas económicas, desaparición de utilidades y un deterioro financiero que actualmente mantiene a numerosos accionistas sin ingresos y sin acceso a información clara sobre el manejo de los recursos.

Información publicada por El Financiero refiere que los denunciantes acusaron a la empresa de dejar de entregar ganancias a los socios pese a mantener operaciones activas en una de las rutas más importantes de la capital del país. También sostienen que la administración ocultó información financiera y realizó movimientos patrimoniales sin autorización de la asamblea.

Entre las principales irregularidades denunciadas aparece la presunta venta de autobuses propiedad de Congesa sin consulta previa a los accionistas y sin transparentar el destino del dinero obtenido por dichas operaciones. Los inconformes agregaron que existió además un supuesto intento de vender un inmueble perteneciente a la empresa.

Los socios afectados denunciaron igualmente la circulación de unidades sin permisos correspondientes dentro del Corredor Circuito Interior, vialidad estratégica que conecta zonas de alta afluencia como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Tacubaya, La Raza y Juanacatlán. Consideran que estas prácticas podrían derivar en responsabilidades administrativas y legales.

De acuerdo con El Financiero, aproximadamente el 80 por ciento de los accionistas corresponde a personas adultas mayores que destinaron recursos acumulados durante toda una vida laboral para adquirir acciones de la concesionaria. Muchos dependían de las utilidades como complemento económico y hoy enfrentan dificultades financieras debido a la falta de pagos.

Los inconformes afirmaron que durante años solicitaron auditorías, informes financieros y mecanismos de rendición de cuentas sin obtener respuestas satisfactorias. También denunciaron que la administración mantuvo control absoluto sobre la información corporativa y limitó la participación de los socios en decisiones importantes.

Asimismo, señalaron que llevaron sus reclamos a diferentes instancias sin encontrar una solución de fondo, situación que incrementó el nivel de inconformidad entre quienes aseguran haber perdido gran parte de su patrimonio.

Ante la falta de acuerdos, los socios advirtieron sobre la posibilidad de realizar movilizaciones y bloqueos en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir la intervención de las autoridades y visibilizar el conflicto.

Los afectados solicitaron que autoridades locales y federales revisen la actuación de los directivos, esclarezcan el destino de los bienes de la empresa y determinen si existieron posibles delitos patrimoniales o administración fraudulenta. También exigen mecanismos que permitan recuperar los recursos que consideran perdidos.

El caso abrió cuestionamientos sobre los sistemas de supervisión aplicados a empresas concesionarias de transporte público de la Ciudad de México, especialmente aquellas integradas por pequeños inversionistas y operadores que depositaron su patrimonio en proyectos ligados al servicio público.

Mientras las denuncias continúan avanzando en la esfera pública, los accionistas sostienen que enfrentan no sólo un conflicto empresarial, sino un presunto desfalco que afectó a decenas de familias y que podría convertirse en uno de los casos más delicados dentro del sistema de transporte concesionado capitalino.