Vinculan contrato relacionado con Casanova al proceso penal contra exalcalde de Ahome

La resolución que vinculó a proceso al exalcalde de Ahome, Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, permanecerá vigente después de que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito confirmara el procedimiento relacionado con las presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas por un monto superior a los 171 millones de pesos.

De acuerdo con información publicada por Proceso, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Sinaloa sostiene que la empresa Grinleasing SAPI de CV recibió el contrato y, apenas dos días más tarde, subarrendó el servicio a Casanova Vallejo, propiedad de los hermanos Carlos Echenique Casanova y Joaquín Echenique Casanova. Ese hecho, según la Fiscalía, evidenciaría que la empresa originalmente contratada no disponía de la capacidad financiera y operativa necesaria para cumplir con el servicio.

Sin llevar a cabo una licitación pública, el Ayuntamiento adjudicó en diciembre de 2021 el contrato para el arrendamiento de las unidades policiales. Además, las autoridades consideran que el precio pactado por las patrullas fue superior al valor de mercado, lo que presuntamente ocasionó un daño al patrimonio municipal.

La determinación fue tomada por unanimidad al resolver el amparo en revisión 131/2026. Con ello, quedó firme la resolución emitida previamente por el Juez de Control, por la cual Vargas Landeros enfrenta un proceso por los presuntos delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

Luego del proceso de desafuero que derivó en su remoción como alcalde a finales de abril de 2025, Vargas Landeros intentó controvertir esa decisión mediante un recurso presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el máximo tribunal negó otorgarle la protección solicitada.

Las acusaciones penales también dieron paso a un conflicto político en Sinaloa. Una vez separado del cargo, el exalcalde aseguró que el entonces gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, promovió el procedimiento judicial por motivaciones políticas.

Ahora, con la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, el proceso penal continuará desahogándose en las siguientes fases. Entre ellas se encuentran la audiencia intermedia y, posteriormente, el juicio ante un Juez de Control, donde se determinará si existe o no responsabilidad penal.