Advertencia sobre sanciones de EU reabre el caso CLAP y los contratos de Kosmos

Una eventual decisión de Estados Unidos contra empresas de Jack Landsmanas Stern, dueño de Corporativo Kosmos, podría tener implicaciones para sus operaciones internacionales y reavivar la atención sobre sus contratos públicos en México. La posibilidad de sanciones fue planteada por el periodista Claudio Ochoa Huerta en una columna publicada este domingo en El Universal, en la que refirió preocupación dentro de círculos del gobierno federal por las investigaciones estadounidenses sobre el programa CLAP de Venezuela.

Según lo expuesto por el columnista, las medidas podrían afectar el margen de operación de las compañías relacionadas con el empresario mexicano, cuyo grupo obtuvo contratos públicos por alrededor de 28 mil millones de pesos durante el sexenio pasado. Landsmanas también ha sido relacionado con el suministro de alimentos al gobierno de Nicolás Maduro y con una supuesta cercanía con Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía. Hasta el momento, no obstante, no se identifica una comunicación oficial del Departamento del Tesoro estadounidense que confirme sanciones nuevas contra él o sus empresas.

El programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) quedó bajo escrutinio de las autoridades estadounidenses desde hace varios años. El 25 de julio de 2019, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra una red encabezada por el empresario colombiano Alex Saab. La autoridad lo señaló por beneficiarse de contratos de alimentos sobrevaluados mediante empresas intermediarias.

Los documentos oficiales describieron una red de sociedades establecidas en varios países, contratos adjudicados sin licitación, pagos a funcionarios venezolanos y operaciones financieras destinadas a disimular el origen de los recursos. Las autoridades también documentaron la participación de México en la compra, concentración y envío de alimentos a Venezuela, por medio de compañías utilizadas por Saab y su socio Álvaro Pulido.

En ese contexto, el Departamento del Tesoro identificó a Group Grand Limited, con operaciones relacionadas con México, y a otras sociedades que comercializaban productos para el programa CLAP. La investigación concluyó que el esquema generó ganancias millonarias a través de contratos de suministro y permitió que una parte del dinero llegara a funcionarios y operadores relacionados con el gobierno venezolano.

La situación judicial de Saab registró un nuevo episodio el 15 de septiembre de 2026. Ese día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que se declaró culpable de conspirar para lavar recursos provenientes de un esquema de sobornos y fraude asociado con contratos gubernamentales de alimentos y medicamentos en Venezuela. De acuerdo con la dependencia, Saab admitió haber organizado pagos ilegales a funcionarios para favorecer contratos con empresas controladas de manera encubierta por los involucrados. El procedimiento confirmó judicialmente la existencia de un esquema de corrupción relacionado con contratos y operaciones comerciales internacionales vinculados al caso.

En México, investigaciones periodísticas han colocado bajo observación a Productos Serel y La Cosmopolitana, empresas relacionadas con Corporativo Kosmos. Según información publicada sobre expedientes de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), ambas fueron señaladas por operaciones comerciales con intermediarios internacionales que participaban en el abastecimiento del programa venezolano. Las indagatorias mexicanas incluyeron posibles triangulaciones financieras y transacciones con compañías constituidas en Hong Kong y Panamá.

En 2018, las autoridades mexicanas alcanzaron un acuerdo reparatorio relacionado con el suministro de alimentos a Venezuela, que incluyó una aportación de tres millones de dólares a una agencia de Naciones Unidas. Después, nuevas denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dieron lugar a una carpeta por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, publicaciones periodísticas de octubre de 2026 reportaron que la Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000341/2019, por lo que el expediente no llegó ante un juez.

El aspecto económico de la controversia incluye los contratos obtenidos por las empresas de Landsmanas. Claudio Ochoa Huerta señaló en publicaciones anteriores que estas recibieron cerca de 28 mil millones de pesos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que, en la administración federal actual, sumaron aproximadamente cuatro mil millones de pesos más. También relacionó la expansión de los negocios hacia Petróleos Mexicanos con Luz Elena González Escobar, quien el 11 de octubre rechazó haber intervenido en el otorgamiento de contratos a esas compañías y calificó las versiones como falsas. Así, las posibles sanciones de Washington mantienen abierto un escenario de incertidumbre, pero cualquier conclusión sobre restricciones financieras o comerciales dependerá de que las autoridades estadounidenses emitan una determinación oficial.